Contratos Reservados, Política Social sin coste
El
Ayuntamiento de Alicante, desde el año 2016 ha reservado a empresas
con carácter social, Centros Especiales de Empleo y empresas de inserción, un
lote del suministro de vestuario para el personal de Administración
General, con el objetivo de “impulsar
la variable de la ética, de ayudar y rescatar a las personas a través también
de la contratación pública”
Esta medida se enmarca
dentro de la política del Ayuntamiento de Alicante de introducir
cláusulas sociales en la contratación pública que permitiesen “discriminar
de forma positiva, en el objeto del contrato, a aquellas empresas que tengan un
compromiso social claro y que estén trabajando en el ámbito de la discapacidad,
la igualdad o el medio ambiente”.
El objetivo del
consistorio no era otro que "rescatar personas a través de la
Contratación y premiar a las empresas y a los servicios que trabajan por una
sociedad más justa, más igualitaria, y donde todas las personas tengan acceso
al empleo", según palabras del concejal.
Evidentemente, esta
iniciativa no era, ni es un hecho aislado, en esta línea de trabajo, las Bases
de Ejecución del Presupuesto Municipal del año 2016 ya establecían una reserva
de entre el 10% y el 60% en determinados contratos administrativos de obras,
servicios o suministros, o determinados lotes de los mismos, a Centros
Especiales de Empleo y a empresas de inserción.
A raíz de esta iniciativa
y según lo dispuesto, en su momento, en el Texto Refundido de la Ley de
Contratos del Sector Público y, en la actualidad, en la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Público, se reservó, en el Pliego
de Cláusulas Administrativas particulares para el suministro de Vestuario para
el personal de Administración General uno de los dos lotes de
vestuario a Centros Especiales de Empleo y empresas de inserción que cumpliesen
con los requisitos establecidos en la Ley
44/2017, de 13 de diciembre.
Los artículos 4 y 5 de la
Ley 44/2017, establecen los requisitos que deben cumplir las empresas de
inserción, destacando el siguiente: “Tendrá la consideración de empresa
de inserción aquella sociedad mercantil o sociedad cooperativa legalmente
constituida que, debidamente calificada por los organismos autonómicos
competentes en la materia, realice cualquier actividad económica de producción
de bienes y servicios, cuyo objeto social tenga como fin la integración
y formación socio-laboral de personas en situación de exclusión social como
tránsito al empleo ordinario”.
Fruto de esta
licitación, el
contrato fue adjudicado a la empresa A Puntadas Empresa Social, SL, siendo
esta la única empresa que se presentó al proceso.
La empresa
adjudicataria A
Puntadas Empresa Social S.L, es una empresa de inserción laboral
calificada en el año 2011, que se dedica a la confección textil
industrial. Se encuentra ubicada en el Parque Empresarial de Elche, en
una nave de 1400m2, cedida por la Fundación
Juan Perán Pikolinos y cuenta con un total de 17 trabajadores de
los cuales, 10 son personas en riesgo de exclusión social.
En A Puntadas, las prendas
están confeccionadas por personas en situación de vulnerabilidad o en riesgo de
exclusión social de diferentes colectivos como:
- Perceptores de Rentas Mínimas de Inserción.
- Víctimas de Violencia de Género.
- Personas que pertenecen a colectivos considerados en
riesgo de exclusión social.
- Personas que no puedan acceder a las prestaciones.
- Jóvenes mayores de dieciocho años y menores de
treinta, procedentes de Instituciones de Protección de Menores.
- Internos de centros penitenciarios cuya situación
penitenciaria les permita acceder a un empleo.
- Personas procedentes de servicios de prevención e
inserción social autorizados por las Comunidades Autónomas.
- Personas de los Servicios Sociales de los diferentes
municipios de Alicante.
Además cuenta con
un Programa específico de Reinserción de Mujeres donde las
alumnas se forman en técnicas y habilidades de confección textil industrial en
los diferentes talleres. El taller que se desarrolla con mujeres de los
Centros Penitenciarios tiene una duración de 7 meses y se imparte un
Certificado de profesionalidad, cada año con una especialidad diferente puesto
que las usuarias, en muchos casos, se repiten cada año. Esta formación va
acompañada de los Talleres de Orientación Laboral con el objetivo de
aumentar la empleabilidad de las usuarias de los Talleres de formación y
ofrecer las herramientas necesarias para encontrar la inserción laboral.
Una iniciativa similar es
la realizada por el Ayuntamiento
de Salamanca que en el año 2018 destinó 1,5 millones de euros a las entidades
de economía social. Además, al igual que el Ayuntamiento de Alicante,
aprobó la reserva de un porcentaje de la contratación municipal para las
entidades de economía social, incluyendo cláusulas sociales en los
contratos de la localidad. Otro ejemplo, es el Ayuntamiento de Madrid que
ha destinado más de 24
millones de euros a contratos reservados a centros especiales de empleo y
empresas de inserción desde 2019.
Los contratos reservados,
como ya he dicho antes, están regulados en la disposición adicional cuarta de
la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público. Esta
disposición, establece de manera imperativa que todas las entidades del sector
público están obligadas a fijar un porcentaje mínimo de sus contratos públicos,
que deberán calificar como reservados, para ser adjudicados a Centros
Especiales de Empleo y a Empresas de Inserción.
De este modo, en el
momento en el que una Administración Pública califique un contrato como
reservado excluye a otro tipo de entidades, garantizando un efecto y un
beneficio inmediato, pues al recaer la adjudicación en un Centro Especial de
Empleo o una Empresa de Inserción se favorece de manera directa e inmediata el
empleo de las personas con discapacidad o de las personas desfavorecidas
socialmente.
En base a ello, lo que
cabe exigir a todas aquellas Administraciones Públicas que todavía no hayan
adoptado un acuerdo, es que acuerden cuál será el porcentaje mínimo de
contratos que reservarán para Centros Especiales de Empleo y Empresas de
Inserción. Si no lo hacen, están incumpliendo una obligación legal.
Sin duda, los Contratos
reservados, son una verdadera oportunidad para la inclusión social. Una
oportunidad que ofrece la Ley para consolidar las estrategias de políticas
sociales a partir de la contratación pública a coste cero, es más, en ocasiones
pueden producir beneficios si se tiene en cuenta de que muchas de las personas
que trabajaran en esos contratos reservados son personas que reciben o pueden
recibir Rentas de Inserción y ayudas relacionadas.
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