"Soy mayor, NO idiota"

 

En los últimos años, como consecuencia de la digitalización de los servicios financieros y el cierre masivo de sucursales del sector bancario, muchos son los clientes de avanzada edad que tienen que esperar largas colas para realizar gestiones ante la imposibilidad de realizarlas online. Incluso, en algunos casos, se les niega la atención presencial y se les indica que tienen que realizar sus gestiones en el cajero o en la aplicación del móvil. Se sienten olvidados por la banca.

El cierre de oficinas bancarias, la dificultad de uso de los cajeros, las averías que sufren estos, así como el hecho de que algunas gestiones solo se puedan realizar online ha llevado a que muchas asociaciones, particulares e incluso partidos políticos hayan denunciado públicamente que los bancos se han olvidado de las personas mayores.

Y es que, además, en las pocas entidades que siguen prestando atención presencial, los horarios son limitados y es obligatorio pedir cita previa por teléfono, con el problema añadido de que es muy difícil que te lo cojan. Para complicar el asunto aún más, si finalmente consiguen que el cojan el teléfono y les den la cita, en muchas ocasiones, es en una sucursal lejana a la que tienen muchos problemas de llegar.

Evidentemente, estamos ante un claro ejemplo de discriminación indirecta por edad, una exclusión hacia las personas mayores, a quienes les cuesta usar internet y  tienen problemas de movilidad. Este tipo de discriminación tiene un nombre Edadismo o Ageísmo. Este concepto engloba prejuicios, actitudes y prácticas en diferentes ámbitos, contra este grupo de edad.

Hace un año, ante esta discriminación, uno de los afectados, Carlos San Juan, de 78 años, recogió más de 600.000 firmas en la campaña “Soy mayor, no idiota” en change.org que entregó a la Vicepresidenta primera y ministra de Economía y Transformación Digital, Nadia Calviño, denunciando la deshumanización de las entidades financieras como consecuencia de la digitalización de las mismas. La ministra manifestó que confiaba en que los bancos adoptarían medidas eficaces para subsanar esta discriminación a corto plazo e incluso se comprometía a pensar medidas desde el gobierno a medio plazo.

A finales del año 2022, Carlos San Juan manifestaba que se encontraba decepcionado porque no había cambiado la atención de los bancos, es decir, que el trato seguía siendo el mismo hacia los mayores y que continuaban sintiéndose excluidos por la digitalización. El denunciante manifestaba que aunque poco después de la entrega de las firmas se firmó un protocolo voluntario de atención en el que la banca se comprometía a tener un trato preferente con los mayores facilitándoles, entre otras cosas, un horario ampliado para recibirles en persona en las sucursales, en la práctica no ha sido así.

San Juan aseguraba que siguen siendo muchas las dificultades porque no todos los mayores saben hacer sus operaciones en un cajero automático y “no puede ser que un ciudadano no pueda, después de las 11 de la mañana, acceder a su dinero, a sus pensiones”.

Por otro lado, tras siete meses desde su reunión con la ministra Calvino, señalaba que el “silencio era total” y reclamaba que se aprobase la Ley de Defensa del Usuario Financiero . Esta Ley obligaría a los bancos a cumplir las medidas adoptadas en el protocolo de atención impulsado por el Gobierno, así como reclamaba que no fuesen los afectados los que hicieran un seguimiento del cumplimiento de la misma, si no que la evaluación la realizase el Gobernador del Banco de España.

Ha llegado el momento de que el poder legislativo se ponga las pilas y concrete medidas para evitar la discriminación hacia las personas mayores. Hasta ahora, el reconocimiento de que una persona mayor no puede ser discriminada, es una simple declaración de intenciones en la que no se establecen los mecanismos de denuncia, ni las sanciones que se pueden imponer.